México, 27 de Enero (EFE).- La fiscalía mexicana aseguró hoy que ha comprobado “científicamente” y “a plenitud” que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel de Guerreros Unidos al creer que pertenecían a un grupo rival.
Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso. Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, el de Alexander Mora, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos.
Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el “Cepillo”, el último aprehendido, quien dirigió la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles. El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, “ha quedado acreditado” de un modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.
Aunque “cerrar el caso no es la palabra adecuada”, dijo, “los elementos de la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron”, dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes “que en otros muchos casos”.
“Hay cuatro confesiones de autores materiales”, “confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes” y, además, han sido identificados “plenamente” cuatro de los estudiantes. Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos.
“En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo”, explicó el fiscal, quien dijo además que “la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar” y son “las víctimas más dolorosas de este proceso”. Murillo aseguró que los normalistas “fueron muertos en las circunstancias descritas” por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.
Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad. Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los miles de restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación. De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria “porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados”.
Los forenses lograron la identificación solo de uno de los estudiantes, Alexander Mora, bajo métodos rutinarios, por lo que los otros 16 restos van ser sometidos a una técnica más prometedora, cuyos resultados tardarán “un buen tiempo”. Murillo explicó que el caso tampoco está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de aprehensión pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerada una de las piezas “fundamentales” de lo ocurrido.
En total, hay 99 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y miembros de Guerreros Unidos. Según los testigos, Abarca ordenó la noche del 26 de septiembre pasado atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a miembros de Guerreros Unidos. Zerón dijo hoy que en dicho cártel, en el que “participaban miembros de la delincuencia y servidores públicos”, tenía células que permanecían incomunicadas entre sí, “impidiendo que los miembros de una parte conocieran a los de otra”. Esto hizo que, por ejemplo, “los primeros participantes (los Abarca) no conocieron el destino de las víctimas”.
La rueda de prensa se ha producido un día después de que miles de mexicanos salieran a las calles para pedir justicia y verdad sobre este caso que ha conmocionado al mundo. Tras concluir la rueda de prensa, Efe contactó con el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, quien dijo que ellos están reunidos en la capital mexicana para fijar una posición común y ofrecer una conferencia de prensa “de verdades”. Hasta ahora los familiares de las víctimas han dicho que no creen en la versión oficial sobre lo ocurrido esa noche y que seguirán en la búsqueda de sus hijos. EFE
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